Las irregularidades y delincuencia se suman a la privatización de este espacio, donde no hay reordenamiento ni aplicación de la ley
Acapulco tiene su zona federal la cual está formada por más de 20 kilómetros de playa, se ha convertido en una área sin ley, donde impera la corrupción, las irregularidades y delincuencia que también se ha sumado a la privatización de este espacio.
La federal ha sufrido la invasión en la playa, este es el principal problema que se sufre este destino turístico, y es generado por la falta de una autoridad que imponga la ley, y recupere lo que debería ser una zona libre y solo para el uso de ciudadanos.
Existen más de cinco kilómetros de zona federal de Acapulco desde la zona de Pie de la Cuesta hasta la Diamante los que se encuentran de manera irregular en poder de empresarios de la industria hotelera, restaurantera, así como de propietarios de condominios, y de prestadores de servicios turísticos que, con sillas, mesas, sombrillas y toldos, también se benefician se una forma irregular.
Estos sectores que invaden la zona de playa, se le suman los grupos delincuenciales que también han sido señalados por los propios empresarios, de tener poder y decisiones hasta para movilizar a cientos de prestadores de servicios turísticos para exigir que se siga tolerando la anarquía y la corrupción.
La zona federal, debe de ser regularizada y ordenada por la SEMARNAT y la PROFEPA, mientras que la Marina es quien tiene que mantener la seguridad en los 20 kilómetros de zona de playa que está en poder de empresarios, prestadores de servicios turísticos y del llamado crimen organizado.
Esta zona federal del área Diamante, es la más invadida del puerto por cientos de condominios y hoteles de gran turismo, posteriormente la Dorada donde la zona de playa, está en poder de restaurantes, hospederías y por miles de prestadores de servicios turísticos.
De acuerdo a la ley, los propietarios de los inmuebles como hoteles, condominios, restaurantes y propietarios de embarcaciones que también invaden la zona de playa, son acreedores a sanciones que van desde los tres mil a las 12 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).
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