En el cierre del paro nacional de 48 horas convocado por la CNTE y la CETEG, el magisterio en Guerrero reiteró su exigencia para que el Gobierno Federal atienda de manera inmediata la reforma al sistema de pensiones y elimine la Ley del ISSSTE de 2007, norma que —aseguran— ha vulnerado los derechos laborales de miles de trabajadores de la educación.
Durante una conferencia de prensa, Walter Emmanuel Añorve Rodríguez, representante de la Comisión Política en la región Acapulco, señaló que las autoridades de los tres niveles de gobierno deben dejar atrás los discursos y asumir compromisos reales con el sector educativo. Subrayó que el caso de los 2,613 trabajadores no FONE, aún excluidos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, evidencia el rezago institucional que enfrentan.
Añorve cuestionó el contraste entre la falta de soluciones para el magisterio y los recientes incrementos salariales aprobados para legisladores, calificándolos como desproporcionados frente a los recortes y limitaciones que, dijo, padecen los docentes. Expresó que mientras a los trabajadores de la educación se les retiran prestaciones y se asignan presupuestos mínimos, a otros sectores se les otorgan beneficios que consideró injustificados.
El dirigente llamó a los gobiernos estatal y municipal a colaborar en la construcción de una ruta que permita atender las demandas del magisterio, incluso si ello implica enfrentar resistencias de grupos con intereses financieros. Aclaró que las movilizaciones nunca han tenido como propósito afectar a los estudiantes, pero afirmó que la falta de sensibilidad gubernamental ha obligado a los docentes a recurrir a estas medidas de presión.
Asimismo, los representantes sindicales denunciaron el uso de la fuerza pública contra maestros que se manifestaban en la Ciudad de México, quienes —según señalaron— fueron dispersados con gases lacrimógenos y agresiones físicas al intentar solicitar una mesa de diálogo. Finalmente, se deslindaron de cualquier vínculo con grupos de derecha y enfatizaron que el movimiento es legítimo, surge de las bases docentes y responde únicamente a las necesidades del sector educativo.
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