En medio de la violencia que golpea a la región de la Montaña Baja de Guerrero, la comunidad de Alcozacán, perteneciente al municipio de Chilapa de Álvarez, se mantiene como el principal bastión de resistencia del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), organización que desde hace más de una década denuncia ataques de grupos armados.
“Nosotros queremos libertad, queremos vivir tranquilos y que nuestros hijos vivan en su casa”, expresó el vocero del CIPOG-EZ, Jesús Plácido Galindo, al insistir en la necesidad de preservar la permanencia de la organización dentro de la comunidad.
De acuerdo con el dirigente indígena, conservar el control y la vida comunitaria en Alcozacán representa mantener vigente el movimiento organizativo de los pueblos originarios y sus sistemas de autogobierno, los cuales continúan operando pese al contexto de inseguridad que prevalece en la zona.
Jesús Plácido Galindo advirtió que perder la comunidad significaría dejar expuestos a sus integrantes frente a los grupos armados que operan en la región. “Desde que tomaban Alcozacán era ya la muerte segura para todos”, afirmó al recordar que este poblado ha sido históricamente el punto de encuentro para asambleas y actividades del consejo indígena.
Dentro de la localidad también funcionan proyectos comunitarios impulsados junto al Congreso Nacional Indígena, además de parte del sistema de seguridad comunitaria y talleres enfocados en fortalecer la comunicación entre pueblos, debido a las dificultades que enfrentan para desplazarse libremente por la violencia.
Las declaraciones ocurren mientras la zona serrana de Chilapa enfrenta una nueva crisis de desplazamiento forzado derivada de recientes ataques armados en comunidades como Tula, Xicotlán, Mezcaltepec y la propia Alcozacán, hechos que obligaron a decenas de familias a abandonar sus hogares y buscar refugio en espacios improvisados.
Ante este panorama, autoridades estatales y federales desplegaron operativos de seguridad en la región, mientras la Secretaría de Gobernación informó sobre el retorno gradual de familias desplazadas bajo acompañamiento de corporaciones de seguridad.
El CIPOG-EZ sostuvo que durante años ha solicitado medidas de protección y atención a demandas relacionadas con salud, servicios básicos y seguridad comunitaria, sin que hasta ahora existan resultados concretos.
“Son demandas ya firmadas con el gobierno del estado desde hace cuatro o cinco años”, señaló el vocero, quien aseguró que varios de los apoyos anunciados recientemente para las familias desplazadas corresponden a compromisos previos que continúan pendientes de cumplirse.
Finalmente, integrantes de la organización adelantaron que buscarán reactivar las actividades comunitarias en Alcozacán y avanzar en la reorganización de la población afectada por la violencia.
