La violencia que azota a comunidades indígenas de Chilapa, Guerrero, no solo ha provocado desplazamientos forzados por ataques armados y drones explosivos, sino que también disparó el costo del transporte público hasta en un 700 por ciento, afectando gravemente a decenas de familias refugiadas en la comunidad de Alcozacán.
A dos semanas de los hechos violentos, habitantes de comunidades como Tula y Xicotlán continúan sin regresar a sus hogares por miedo a nuevos ataques y por las pérdidas materiales que dejaron las explosiones. De acuerdo con el promotor del Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-ez), Sixto Mendoza, los desplazados exigen garantías de seguridad sobre la carretera Chilapa-José Joaquín de Herrera y en la cabecera municipal para poder abastecerse de alimentos y productos básicos.
El representante comunitario denunció que las tarifas del transporte público se incrementaron de manera alarmante, ya que actualmente las camionetas cobran entre 500 y 700 pesos por viaje, cuando anteriormente el costo era de apenas 60 pesos. Esta situación ha complicado aún más las condiciones de las familias desplazadas, quienes dependen de estos traslados para conseguir despensas y atención médica.
Asimismo, explicó que en Alcozacán permanecen alrededor de 15 personas provenientes de Tula y Xicotlán, quienes decidieron no volver a sus comunidades debido a que sus viviendas quedaron destruidas y también perdieron animales de granja tras los ataques con explosivos. En contraste, parte de los habitantes de Acahuehuetlán sí retornaron a sus hogares.
Pese a los compromisos realizados la semana pasada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el apoyo prometido para la reconstrucción de viviendas aún no llega. Según los afectados, únicamente han recibido pequeñas despensas y algunas colchonetas como ayuda emergente.
La organización indígena también solicitó la instalación urgente de módulos de atención médica en Alcozacán, debido a que varios niños y adultos presentan padecimientos gastrointestinales, principalmente vómito y diarrea, derivados de las difíciles condiciones que enfrentan tras abandonar sus comunidades.
Aunque en la región se mantiene presencia de elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Policía Estatal, el dirigente del Cipog-ez consideró que la población recuperará la confianza únicamente cuando las autoridades logren desarticular al grupo delictivo “Los Ardillos”, al que señalan como el principal responsable de las agresiones contra comunidades indígenas desde 2014.
Finalmente, Mendoza advirtió que tanto el Cipog-ez como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria continuarán organizándose para defender a sus comunidades y evitar más asesinatos y desplazamientos. Mientras tanto, Alcozacán permanece bajo resguardo militar y con vigilancia policial en la carretera Chilapa-José Joaquín de Herrera, ante la llegada de ayuda humanitaria programada para este martes.
