La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo este jueves al exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio “N”, por su presunta responsabilidad en los delitos de obstrucción de la justicia y desaparición forzada de personas, como parte de las investigaciones relacionadas con el caso Ayotzinapa. La aprehensión fue realizada por elementos de la Policía Federal Ministerial en el Estado de México, dentro del nuevo modelo de investigación que impulsa la institución para esclarecer uno de los casos más emblemáticos del país.
De acuerdo con la FGR, las indagatorias señalan que el exmandatario estatal habría ordenado el ocultamiento y la desaparición de evidencia considerada fundamental para esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, ocurrida la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Entre las pruebas que presuntamente fueron ocultadas se encuentran videograbaciones captadas por las cámaras de vigilancia del Palacio de Justicia de Iguala, las cuales registraron el momento en que el autobús Estrella de Oro número 1531, en el que viajaba un grupo de normalistas, fue interceptado por elementos de las policías municipal y estatal.
La titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, informó que un análisis profundo, exhaustivo y detallado de la carpeta de investigación permitió establecer nuevas líneas de investigación sobre la presunta participación de Aguirre Rivero en la desaparición de ese material videográfico.
La fiscal explicó que dos testigos colaboradores coincidieron en señalar que el entonces gobernador ordenó eliminar las grabaciones relacionadas con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia. Añadió que las primeras versiones oficiales aseguraban que las imágenes de las cámaras de seguridad 12 y 15 no existían debido a supuestas fallas técnicas; sin embargo, las investigaciones posteriores determinaron que esa explicación era falsa.
Como parte de las nuevas diligencias, la Fiscalía obtuvo el testimonio de un colaborador que confirmó la existencia de los videos y señaló a la persona que presuntamente los retiró para entregarlos directamente a Aguirre Rivero. Un segundo testigo protegido reforzó esta versión al asegurar que el exgobernador sostuvo una reunión con altos funcionarios de su administración, en la que presuntamente ordenó desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos registrados en el Palacio de Justicia de Iguala.
Con base en estos testimonios y otros elementos de prueba, la FGR sostiene que el ocultamiento de las grabaciones no fue consecuencia de una falla técnica ni de una omisión administrativa, sino de una acción deliberada presuntamente instruida desde la administración estatal encabezada por Ángel “N”.
La dependencia indicó que existen indicios suficientes para considerar que diversos servidores públicos de alto nivel habrían participado en la ejecución de dicha instrucción, por lo que las investigaciones continúan para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados.
Tras los acontecimientos de Ayotzinapa, Ángel “N” solicitó licencia al cargo de gobernador de Guerrero en octubre de 2014, en medio de la presión social y política generada por la desaparición de los 43 estudiantes. Ahora, casi 12 años después de aquellos hechos, enfrenta un proceso penal derivado de las nuevas investigaciones emprendidas por la Fiscalía General de la República.
Finalmente, la FGR reiteró que continuará con las investigaciones bajo criterios de legalidad, rigor científico y profesionalismo, con el objetivo de esclarecer plenamente lo ocurrido, garantizar el acceso a la verdad y procurar justicia para las víctimas y sus familias.
