Abogados penalistas de Acapulco señalaron que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) incurren en presuntas violaciones a la legislación federal al permitir que prestadores de servicios turísticos impongan cobros públicos por el uso de sombrillas, toldos y mobiliario en zonas de playa que, por ley, deben ser de libre acceso.
De acuerdo con los especialistas, la colocación de anuncios visibles donde se establecen tarifas por el uso de estos espacios constituye un acto de privatización indebida de la zona federal marítimo-terrestre, lo que estaría siendo tolerado por las autoridades encargadas de regular y vigilar dichas actividades.
El abogado Sebastián Bautista González afirmó que esta conducta podría encuadrar en el delito de Omisión de Deberes, previsto en el artículo 216 de la legislación federal, al considerar que los servidores públicos responsables han dejado de cumplir con actos propios de su función, al no intervenir ante prácticas que restringen el acceso libre a las playas.
Señaló que la normativa es clara al establecer que las playas son bienes nacionales de uso público, por lo que no pueden ser apropiadas por particulares, especialmente cuando no cuentan con permisos ni concesiones formales. Añadió que obligar a turistas y residentes a pagar por ocupar un espacio en la playa contraviene el marco legal vigente.
Por su parte, la abogada Natalia Juárez coincidió en que las autoridades federales deben responder por permitir una práctica que consideró irregular y reiterada, al tolerar cobros que no están debidamente regulados. Indicó que, al no actuar, las dependencias responsables podrían ser consideradas corresponsables de la violación a la ley, al no supervisar ni ordenar adecuadamente el uso de la zona federal.
Desde el inicio del periodo vacacional de fin de año, se ha observado la colocación de lonas y letreros en diversas playas de Acapulco, en los que se anuncian tarifas por la renta de servicios, como sombrillas con sillas, toldos, camastros y asientos adicionales, con precios que oscilan entre los 100 y 450 pesos.
Los abogados insistieron en la necesidad de que las autoridades federales intervengan para garantizar el acceso libre y gratuito a las playas, así como para regular, en su caso, la prestación de servicios turísticos conforme a la ley, evitando prácticas que limiten el derecho de la ciudadanía a disfrutar de estos espacios públicos.
