El robo de energía eléctrica continúa siendo uno de los principales problemas para la infraestructura eléctrica de Acapulco. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) estima que más de 130 mil familias utilizan el servicio mediante conexiones clandestinas, una práctica que, además de constituir un delito, provoca constantes apagones y afecta a miles de usuarios que sí cumplen con el pago de su recibo.
De acuerdo con Manuel Romero Castellanos, superintendente de la CFE Zona Acapulco, el puerto cuenta con alrededor de 430 mil usuarios regularizados, mientras que aproximadamente 130 mil personas mantienen tomas ilegales para abastecer de electricidad sus viviendas, principalmente para el funcionamiento de equipos de aire acondicionado. Esta cifra representa cerca del 23.1 por ciento del total de usuarios que sí pagan por el servicio.
El funcionario explicó que las conexiones irregulares generan una sobrecarga en la red eléctrica, lo que ocasiona el sobrecalentamiento de transformadores y, en consecuencia, interrupciones en el suministro de energía en distintas colonias del municipio. Afirmó que esta situación no obedece a fallas de la CFE, sino al uso ilegal de la infraestructura eléctrica.
Romero Castellanos detalló que el problema se concentra principalmente en colonias populares de la periferia de Acapulco y también en parte del comercio informal instalado sobre la Costera Miguel Alemán, donde las conexiones clandestinas incrementan la demanda de energía sin control.
Añadió que otro de los factores que contribuyen a los apagones son las llamadas “culebrinas”, cables improvisados que permanecen colgados sobre las líneas eléctricas y que con frecuencia provocan cortocircuitos, poniendo en riesgo tanto la red como a la población.
Finalmente, el superintendente exhortó a quienes utilizan el servicio de manera irregular a regularizar su situación para evitar procedimientos legales. Recordó que el robo de energía es un delito que puede derivar en sanciones económicas de 50 mil hasta 200 mil salarios mínimos, además de procesos penales, por lo que la CFE ya trabaja con su área jurídica para presentar las denuncias correspondientes.
