Organizaciones que integran el Frente Estatal por el Rescate del Campo Guerrerense solicitaron al Gobierno de Guerrero la instalación inmediata de una mesa de diálogo para atender la crisis que enfrenta el sector agropecuario. Los dirigentes pidieron una reunión directa con la gobernadora Evelyn Salgado y su gabinete para definir estrategias que fortalezcan las cadenas de producción, al advertir que, de no obtener una respuesta, iniciarán movilizaciones en distintos puntos del estado.
Los representantes del sector señalaron que el campo guerrerense atraviesa una situación crítica debido al incremento en los costos de producción, la disminución en los rendimientos de los cultivos y los retrasos en la entrega de apoyos gubernamentales, además de la desaparición de diversos programas de respaldo. Indicaron que, ante este panorama, los productores están dispuestos a emprender acciones de protesta que incluyen bloqueos carreteros, la toma de edificios públicos y la instalación de un plantón permanente frente a la sede del Poder Ejecutivo estatal.
Entre las principales peticiones planteadas al Gobierno del Estado destacan la entrega de semillas mejoradas, fertilizantes e insumos agrícolas, maquinaria y tractores para rehabilitar tierras de cultivo, equipo para cosecha y almacenamiento de granos, así como la creación de un fondo estatal de financiamiento con tasas accesibles para los productores. También solicitaron la intervención de la administración estatal ante el Gobierno Federal para ampliar la cobertura del programa de precios de garantía del maíz y brindar apoyo a cadenas productivas como coco, mango, jamaica y café, cuyos precios han registrado importantes caídas.
Los dirigentes campesinos también denunciaron una presunta falta de transparencia en el ejercicio del presupuesto destinado al sector agropecuario. Afirmaron que entre 2021 y 2026 se aprobaron alrededor de dos mil millones de pesos para el campo, sin que exista información clara sobre el destino de esos recursos, por lo que solicitaron a la Auditoría Superior del Estado y a la Secretaría de Finanzas rendir cuentas y garantizar un manejo transparente del presupuesto público.
