El Consejo Indígena y Popular de Guerrero “Emiliano Zapata” (CIPOG-EZ) responsabilizó al Estado mexicano por la violencia que enfrentan comunidades indígenas de la montaña de Guerrero y denunció el desplazamiento forzado de más de 800 habitantes tras recientes ataques armados en el municipio de Chilapa.
A través de un comunicado dirigido a autoridades estatales y federales, la organización acusó omisión e indiferencia ante las agresiones registradas en las localidades de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán, donde el pasado 9 de mayo fueron lanzados explosivos mediante drones.
Tras los ataques, cientos de familias abandonaron sus hogares y buscaron refugio en las comunidades de Alcozacán y Rincón de Chautla, ante el temor de nuevos hechos violentos. El CIPOG-EZ aseguró que durante la huida muchas personas tuvieron que pasar la noche en el monte para resguardar su integridad.
En el pronunciamiento, la dirigencia señaló que mujeres, niñas y niños viven bajo un ambiente constante de miedo debido a la presencia de grupos criminales en la región. Además, acusaron directamente al grupo delictivo Los Ardillos de estar detrás de las agresiones armadas.
La organización indígena afirmó que, derivado de la violencia en la montaña baja de Guerrero, 76 integrantes de comunidades indígenas han perdido la vida y otras 25 personas permanecen desaparecidas, situación que, aseguraron, ha provocado el desplazamiento de más de mil familias.
Dentro del comunicado también cuestionaron la actuación de las autoridades federales y estatales frente a la inseguridad que prevalece en sus comunidades, al considerar que los pueblos indígenas continúan siendo ignorados y abandonados ante la violencia.
Finalmente, el CIPOG-EZ reiteró que responsabiliza al Estado mexicano de cualquier hecho que ponga en riesgo a las comunidades indígenas de la región y exigió acciones inmediatas para garantizar seguridad y protección a las familias desplazadas.
