La tensión social aumentó en la región Costa Chica de Guerrero, luego de que habitantes de la comunidad de Buena Vista, en el municipio de San Luis Acatlán, retuvieran a dos funcionarios del Gobierno del Estado como medida de presión para exigir la liberación del dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Jesús Plácido Galindo, quien permanece recluido en un penal federal.
Los servidores públicos retenidos son el director de Gobernación estatal, Rafael Julián Arcos, y el delegado regional de Gobierno en la Costa Chica, Germán Herrera Clemente, además de personal de la Secretaría General de Gobierno. Todos fueron privados de su libertad la tarde del lunes cuando acudieron a dialogar con los manifestantes que mantenían bloqueada la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, a la altura del municipio de Marquelia.
Tras el encuentro, los pobladores trasladaron a los funcionarios hasta la comisaría de Buena Vista, donde permanecieron durante la noche mientras continuaban las negociaciones con las autoridades estatales.
Durante una asamblea comunitaria celebrada este martes, los habitantes determinaron mantener retenidos a los funcionarios hasta obtener la liberación de Jesús Plácido Galindo. Además, solicitaron la presencia del subsecretario de Desarrollo Político y Social del Gobierno de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, para establecer una mesa de diálogo.
Las movilizaciones son encabezadas por Enedina Galindo, madre del dirigente indígena, quien sostiene que las acusaciones contra su hijo fueron fabricadas con el propósito de desacreditar su labor en defensa de los derechos humanos y de las comunidades indígenas de la región.
Este martes se cumplen cuatro días de la detención de Jesús Plácido Galindo, quien fue capturado el pasado viernes 17 de julio durante un retén militar instalado en el municipio de San Marcos.
Actualmente, el líder del Cipog-EZ permanece internado en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde enfrenta un proceso por el delito de homicidio y por presuntos vínculos con grupos de la delincuencia organizada, señalamientos que sus simpatizantes rechazan y consideran parte de una persecución en su contra.
