Prohíbe la Nueva Ley General de Aguas cortes totales por falta de pago

La norma reconoce el acceso al agua como derecho humano y obliga a garantizar un mínimo para consumo básico.

 

La Ley General de Aguas, que entró en vigor el 12 de diciembre, establece que los organismos operadores no pueden suspender de manera total el suministro de agua potable por falta de pago.

La legislación reconoce el acceso al agua como un derecho humano y señala que su costo “no debe representar una carga desproporcionada para los hogares ni afectar el ejercicio de otros derechos”.

El marco legal dispone que, cuando una familia no pueda cubrir el pago del servicio, las autoridades deben asegurar el abasto de un volumen mínimo destinado al consumo humano básico, medida con la que la ley busca atender problemas de accesibilidad económica y evitar la interrupción completa del servicio en viviendas con adeudos.

La aplicación de la norma plantea retos para los organismos operadores municipales, ya que en varias localidades se mantiene la práctica de suspender el suministro ante el impago.

Autoridades del sector han señalado que será necesario “ajustar los esquemas de operación” para cumplir con la nueva disposición sin afectar la continuidad del servicio.

En Reynosa, Tamaulipas, el secretario técnico de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, Honorio Cortázar Salazar, explicó que, en casos de suspensión por falta de pago, el acceso al agua se mantendrá sin costo, aunque los usuarios deberán acudir por ella a las plantas potabilizadoras por sus propios medios.

En ese municipio, sólo el 40 por ciento de los 260 mil usuarios registrados cubre el pago de manera regular.

Por su parte, Noel Mata, director del Instituto del Agua de Aguascalientes, advirtió que uno de los efectos de la ley podría ser el incremento de la cultura del no pago, lo que reduciría los ingresos de los organismos operadores.

Autoridades reconocen que una menor recaudación también podría impactar en las finanzas locales y en la obtención de participaciones federales, lo que obliga a revisar los mecanismos de cobro y apoyo a los usuarios.

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